diciembre 1998
Nro 18

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO:

    Claudia Rosetto - Martha Laferriere - Pablo E. Nirich - Arsenio Domínguez - Carlos Pérez - Vilma Simioni - Elena Achilli - Néstor García - Miguel Lerotich - Alejandro Videla -

ENTREVISTAS:
Jorge Luis Méndez

FOTOGRAFÍAS:
Rubén Banegas - Pucho Gómez

  • Arte de Tapa:
    D.G. Carolina Correa Llobet
  • INDICE

  • EDITORIAL
    Hombre Preso
  • Reportaje al Dr. J.L. Méndez
    La Mugre debajo de la Alfombra

    por Claudia Rossetto
  • La Universidad va a la Cárcel
           
    por Martha Laferriere
  • ¿Quia peccatum est, ne peccetur o...?
    por Pablo E. Nirich
  • El ABC de la pena
    por Arsenio Domínguez
  • Delinquir
    por Carlos Pérez
  • Noticias del Mundo: ¿Te acordás hermano?
    por Vilma Simioni
  • Sala de Profesores: Vivir en la Pobreza Urbana
    por Elena Achili
  • Elogio de la Duda: Ser Antena
    por Néstor García
  • Ciudad Oculta: Abran Cancha
    por Miguel Lerotich
  • Suplemento Especial:   
    POESÍAS DE ALEJANDRO VIDELA
     Ilustradas con fotos de 
    Rubén Banegas

  • EDITORIAL

    HOMBRE PRESO

     

    Nils Christie

    La mejor defensa para un ataque, sigue siendo un buen ataque.

    Por asombroso y exagerado que parezca, el criminal está definido más por el aparato con que nos aprestamos a atacarlo que por su amenaza real. ¿De qué nos cuidamos cuando preparamos semejante ataque? Contrariamente a lo que se supone, "la criminalidad interindividual ha disminuido notablemente a lo largo de estos últimos siglos, como lo demuestran todas las estadísticas mundiales, y contra lo que nos quieren inculcar los medios de comunicación"1. Entonces, ¿a quién beneficia la versión del aumento de criminalidad? En tren de ser sinceros, ni aun en épocas remotas el crimen privado pudo compararse con el crimen público, el cometido desde el poder. "El Estado prohibe al individuo hacer uso de la injusticia, no porque aquél quiera abolirla, sino porque quiere monopolizarla"2.

    Hoy, en nombre de la "inseguridad" se está llevando a cabo, "democráticamente", una matanza pública descarada, sin antecedentes, que no tiene otro fin que el de preservar políticamente las condiciones de desarrollo del sistema y su bendito plan económico. Son crímenes políticos. Pero entre asesinato y política existe una dependencia antigua, estrecha y oscura. Y lo que hay de simbólico en su proceder se descubre y concreta en circunstancias extremas, cuando ejerce su soberanía. La violencia funda derecho, ésa es la prerrogativa en que se sostiene el Estado cuando reproduce el modelo y la amenaza de una violencia bélica inicial, la que le dio la victoria y por lo tanto la posibilidad de legislar las condiciones de convivencia social. Cada uno de nosotros lo sabe sin mayores explicaciones, sabe que toda orden que de allí provenga "es una sentencia a muerte en suspenso" (Elías Canetti), y esa amenaza incesantemente formulada, cuya morada es virtual, psicológica, aparece en la historia consolidada institucionalmente como derecho.

    La figura del criminal forma parte de una sociedad regida por la división de trabajos. Alguien tiene que cumplir ese rol necesario, y es un alivio para todos que sea "otro". Recemos para que nunca "nos toque". Su existencia contribuye a la tranquilidad general, lava culpas comunes, nos ubica "moralmente" entre los "buenos". Y nosotros, que "estamos limpios" y sin embargo somos punibles —llegado el caso seremos acusados de promover la inseguridad como el peor de los delincuentes—, somos los primeros en pedir la cabeza de los "malhechores": "habría que matarlos a todos", "con un fusil y un paredón se terminarían todos los problemas". ¡Y viva la pena de muerte! Extraña y paradójica fórmula la de convertir en condenables y ajenos los desechos que nuestro proceder genera.

    El criminal es necesario también para el Estado. Uno de los pilares en que se sostiene el concepto de pena es el efecto psicológico por el cual se decide "castigar al transgresor, no para que éste mejore, sino para controlar a los demás", a nosotros. "Se castiga a personas para que sirvan como ejemplo aleccionador, su dolor se utiliza para beneficio de otros"3. El que delinque, en este caso, cumple una función social, él no importa. Y eso se puede confirmar en la probada ineficacia de la recuperación y la disminución de la reincidencia que "busca" el sistema penitenciario.

    La conducta del delincuente es, sin embargo, mucho más real y sus propósitos son más claros y comprensibles que la criminalidad del Estado (que sabemos avalar). Sus actividades se pueden calificar moralmente, están previstas en un código. Podríamos decir que el criminal es un emergente que no lucha sólo por el individuo, sino que también lo hace por el orden social en general, y se enfrenta a él. Pero la definición legal del delito es austera: "acción típica, antijurídica y culpable". No prevee la procedencia social. La pena es un mal con intención de ser eso y su existencia reclama que alguien debe sufrir. Y la sociedad actúa en consecuencia, castiga, condena, sacrifica, evitando atender las consecuencias profundas de ese proceder, ya ni siquiera en el individuo afectado, sino en su propia constitución.

    La definición de lo justo y lo injusto, lo que es un delito, sólo se sostiene a riesgo de que sean nuestras propias vidas las que estén continuamente en peligro. Pero parece que de eso no vamos a dar cuenta hasta tanto no seamos nosotros los alcanzados por su azote.

    Las teorías penales modernas son el reflejo de los intereses del Estado y su visión del mundo, tienen un carácter dicotómico, una clasificación binaria, y por tanto un cuadro simplista del hombre. No se permite distinguir "la responsabilidad social", ése es un concepto que no se adecua al derecho penal. El propio Presidente Menem, quien indultara a los autores de los crímenes más atroces de la historia argentina, pide la pena de muerte para delitos comunes. Pero ¿hasta qué punto no nos está representando con ese proceder? Si nosotros diariamente homologamos las actitudes que condenamos en el poder. No hace falta ser muy memorioso, después que la remisera estaba muerta y violada, y sólo entonces, una columna silenciosa marchó por las calles de Venado Tuerto; de ningún modo antes, mientras esos menores se formaban, o más acá, frente a los que actualmente vemos moldearse mientras nosotros les damos la espalda como si no nos incumbiesen. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de no haber participado en la muerte de la remisera Margarita Velázquez?

     

    Notas:
    1) Fernando Savater,
    "Violencia y Comunicación".
    2) Hans Magnus Enzensberger,
    "Política y delito".
    3) Nils Christie,
    "Las imágenes del hombre en el Derecho Penal moderno".